En los últimos años, la trazabilidad en la cadena de valor pesquera ha cobrado un protagonismo creciente a nivel mundial. En este contexto, si bien suele afirmarse que la pesca en Argentina no puede demostrar el origen legal y documentado de sus productos, la realidad es que, el país cuenta con un marco normativo y un conjunto de instrumentos tecnológicos, que garantizan esa trazabilidad de manera efectiva.
Cada cierto tiempo, suele avivarse el debate sobre la trazabilidad de las capturas de los buques pesqueros en nuestro país y como ésta se encuentra garantizada, destacándose que mayoritariamente, existe la idea de que el sector pesquero no puede demostrarla. Habiendo trabajado en la implementación y control de algunas de las herramientas, por la experiencia profesional en el área, puedo asegurar que en la práctica es todo lo contrario.
Según el Codex Alimentarius (CCA) -compendio normativo definido por FAO y OMS-, la trazabilidad no es más que la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución.
La Ley Federal de Pesca N° 24.922, que es el marco regulatorio general de la actividad, es muy expresa respecto al establecimiento de sistemas de control necesarios y suficientes para determinar el cumplimiento y la veracidad de las declaraciones juradas de captura dentro de las aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Ahora bien, en ese marco, estos recursos se materializaron a través de distintos elementos tales como; Parte de Pesca Electrónico, Notas de Cesión, Distribución de Captura Legal (DCL) y Certificado de Captura Legal (CCL), que otorgaban un cierto grado de trazabilidad.
Posteriormente, todos ellos combinados, dieron origen al Módulo de Transacciones Comerciales aprobado a través de la Disposición N° 26 de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la entonces Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en el año 2022.
Este Sistema es una herramienta que consolidó estos recursos y sumó algunos otros, para centralizar la información y facilitar el seguimiento de las capturas a través de las distintas etapas; captura, procesamiento, distribución y comercialización al mercado interno y exportación.
No solo integra los datos de captura declarados mediante los Partes de Pesca, sino que también la comercialización en todas sus etapas, incluso permite la declaración de producción, con sus distintos productos y rendimientos, permitiendo la diferenciación por lotes y la separación de capturas según la marea y el buque al que corresponda.
Uno de los aspectos fundamentales, es sin dudas el Certificado de Captura Legal, que es un componente clave que asevera que los recursos, productos y subproductos de origen pesquero que se exportan, provienen de capturas realizadas por buques pesqueros que han dado cumplimiento con la Ley Federal de Pesca y las normativas aplicables.
Esta herramienta también incorpora medidas internacionales relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), alineándose con los requisitos establecidos por la FAO en su Plan de Acción Internacional al cual Argentina adhiere, y la emisión del Certificado de Captura Legal en función de lo establecido en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y adoptado a través de la Ley N° 22.344.
Asimismo, complementariamente se creó a través de la Disposición N° 1 de la mencionada Dirección Nacional en el año 2023, el Certificado de Trazabilidad que, es un documento electrónico que puede utilizarse para sustentar la trazabilidad de la captura de recursos, productos o subproductos pesqueros, brindando una constancia trazable, fiable y segura sobre cada una de las etapas de la cadena pesquera. Específicamente proporciona información precisa sobre el lugar y la fecha en la que cada producto estuvo en cada fase del proceso, lo que permite rastrear su recorrido temporal y físico.
De esta forma, y en función de la normativa vigente, no es posible efectuar exportaciones de recursos, productos y subproductos de origen pesquero, sin que toda la información de su cadena de valor este plasmada dentro del Módulo de Transacciones Comerciales.
Por lo tanto, es posible aseverar que todos los productos exportados producidos en nuestro país derivan de un origen legal y tienen la posibilidad de certificar específicamente su trazabilidad a través del respaldo documental y electrónico existente.
Hoy, el sector pesquero argentino dejó de lado la idea de trazabilidad no solo como medio para el cumplimiento de las exigencias sanitarias, sino que también la incluyó para cumplir con la demanda de información de sus consumidores. Nuestro país no solo satisface los estándares internacionales en la materia, sino que se encuentra comprometido con la transparencia, legalidad y confianza en la cadena de valor pesquera.
