Con el voto favorable de la mayoría y la disidencia expresa de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó esta semana la Resolución N° 6/2026, que convoca la presentación de nuevos proyectos para la explotación de calamar (Illex argentinus) mediante la incorporación de hasta 18 buques poteros.
El contexto: flota reducida y fuerte presencia extranjera
La resolución parte de un diagnóstico: la flota potera nacional se redujo significativamente respecto de sus niveles históricos. En la última temporada operaron 84 buques nacionales, frente a los hasta 150 que llegaron a operar en los inicios de la pesquería.
Al mismo tiempo, el INIDEP informó que en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva argentina —hacia donde migran naturalmente los principales stocks luego de ser explotados en aguas nacionales— operan flotas extranjeras de gran magnitud. En 2026 se detectaron 338 buques poteros extranjeros en esa zona, además de arrastreros que también capturan la especie.
Sobre esa base, el INIDEP concluyó que la incorporación de entre 15 y 20 nuevas unidades poteras nacionales podría incrementar el aprovechamiento del recurso por la flota de bandera argentina, sin representar —en las condiciones actuales y con la estrategia de administración vigente— un riesgo relevante para la sustentabilidad de los principales stocks.
Plazo de presentación
Los interesados tienen 20 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial para presentar sus proyectos a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Regímenes contemplados
Los proyectos deben encuadrarse en el artículo 26, incisos 1) o 2) de la Ley N° 24.922, que establecen distintas condiciones según si el armador es o no propietario de una planta de procesamiento en tierra:
- Inciso 1): el presentante debe haber suscripto un convenio con el titular de una planta industrial habilitada, con vigencia desde el inicio de la temporada de calamar 2027.
- Inciso 2): el presentante debe ser propietario (o integrante de un grupo empresario propietario) de una planta industrial de procesamiento en tierra con personal debidamente registrado.
Buques admitidos
Los buques propuestos deben dedicarse exclusivamente a la pesca de calamar con poteras, contar con una capacidad de bodega de hasta 1.300 m³ y tener menos de 20 años de antigüedad desde su construcción hasta la fecha de la resolución. Las características técnicas deben ser avaladas por un profesional del Consejo Profesional de Ingeniería Naval.
Compromisos de procesamiento en tierra
Todo proyecto debe incluir un compromiso de procesamiento en tierra de al menos el 20% del total de capturas. El incumplimiento en dos temporadas —consecutivas o alternadas— será causal de caducidad del permiso.
Limitación por empresa
Cada empresa o grupo empresario puede presentar hasta dos buques, pero en primera instancia se seleccionará un buque por empresa. Solo si quedan cupos vacantes se pasará a considerar las propuestas de segundo buque.
Aranceles y garantías
| Concepto | Monto |
| Arancel de Presentación | 50.000 Unidades Pesca / buque |
| Arancel de Aprobación (Inc. 1) | 120.000 Unidades Pesca / buque |
| Arancel de Aprobación (Inc. 2) | 200.000 Unidades Pesca / buque |
| Garantía de Inicio de Operaciones | 115.000 Unidades Pesca / buque |
Vigencia de los permisos
Los proyectos se califican según un sistema de puntaje que pondera: porcentaje de tripulación argentina, antigüedad del buque, propiedad de la planta de proceso, personal registrado en tierra, puertos de desembarque y compromiso de procesamiento en tierra. Según el puntaje obtenido, la vigencia del permiso puede ir de 5 a 10 años para el inciso 1), y de 6 a 30 años para el inciso 2).
Inicio de operaciones
Los buques aprobados deberán incorporarse a la matrícula nacional antes del 31 de diciembre de 2027 (o hasta el 31 de diciembre de 2028 si se construyen en astilleros nacionales), y deberán iniciar capturas en la temporada 2028 (o 2029 para construcción nacional), bajo pena de caducidad y ejecución de la garantía.
Incentivo para el área adyacente
Los titulares de permisos podrán solicitar una prórroga de un año adicional si acreditan 30 días de operación efectiva anual en el área adyacente a la ZEE argentina.
Restricción de transferencia
Los permisos no podrán cederse, transferirse ni enajenarse junto con el buque durante los primeros tres años contados desde la emisión del permiso.
El voto negativo de Buenos Aires: una disidencia extensa y fundamentada
El Representante de la Provincia de Buenos Aires votó en contra de la resolución y dejó constancia de sus objeciones en el Acta CFP 14/2026. Sus principales argumentos:
- Sobre el respaldo científico: consideró que la nota del Director Nacional de Investigación del INIDEP no equivale a un informe de sostenibilidad que analice las fortalezas y debilidades de los cuatro stocks de calamar. Señaló que el argumento central —que dos stocks migran fuera de la ZEE y son capturados por flotas extranjeras— resulta insuficiente dado el rol preponderante que tiene el Stock Desovante de Verano (SDV) en la pesquería actual.
- Sobre el proceso: el proyecto ingresó formalmente al CFP el mismo día de la sesión, lo que impidió un análisis previo adecuado.
- Sobre el articulado: cuestionó la ausencia de límites a la concentración de permisos en pocas empresas; la facultad de la Dirección Nacional de declarar inadmisible un proyecto sin precisión suficiente y la admisibilidad de empresas con hasta dos incumplimientos previos de procesamiento.
- Sobre discriminación por puerto: calificó de “injustificada, arbitraria e inconstitucional” que los proyectos que proponen descargar en la Provincia de Buenos Aires reciban menor puntaje que los que eligen otros puertos, lo que a su criterio contradice la Ley Federal de Pesca.
- Cantidad de permisos a otorgar: argumentó que tampoco se advierte a qué obedece la cantidad de permisos nuevos a otorgar -dieciocho-.
Próximos pasos
Una vez publicada la resolución en el Boletín Oficial, comenzará a correr el plazo de 20 días hábiles para la presentación de proyectos. La evaluación técnica estará a cargo de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, que calificará individualmente cada buque nominado y elevará los proyectos al CFP para la decisión final de adjudicación.
